CIUDAD DE MÉXICO, 27 DE MAYO DE 2026. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió el amparo en revisión 451/2025 relativo a la Norma Técnica Ambiental para granjas porcícolas en Yucatán.
La Ministra Yasmín Esquivel Mossa se pronunció a favor del proyecto, y explicó que integrantes de las comunidades mayas de Sitilpech, Kinchil y Chapab acudieron al juicio de amparo para reclamar una Norma Técnica Ambiental que regula la forma en que deberán construirse, operar y abandonarse las granjas porcinas en Yucatán.
Dichas personas se quejaron de la falta de realización de una consulta indígena previo a la emisión de esa norma ya que les impacta por ser integrantes de pueblos afectados por las mega granjas que existen en los territorios donde habitan.
La Ministra Yasmín Esquivel Mossa se pronunció a favor de que integrantes de las comunidades mayas de Sitilpech, Kinchil y Chapab reclamen una Norma Técnica Ambiental que regula la forma en que deberán construirse, operar y abandonarse las granjas porcinas en Yucatán.
La Ministra Esquivel consideró que la especial situación en la que se ubican los quejosos frente a la norma combatida queda evidenciada desde su texto, pues en ésta expresamente se menciona que su objetivo es establecer los criterios y lineamientos para la localización, diseño, construcción, mantenimiento y operación; así como fijar las medidas para controlar y prevenir las alteraciones negativas, ocasionadas por las actividades productivas.
Precisó además que los impactos derivados del incremento en el establecimiento de granjas porcinas en esa entidad durante los últimos años han sido materia de análisis en documentos y artículos, en los cuales se menciona el rechazo de los pueblos indígenas locales frente a la instalación y crecimiento de tales centros de producción en diversos territorios originarios.
Lo anterior, señaló Esquivel Mossa, parece suficiente para concluir que la Norma Ambiental genera un impacto diferenciado en las quejosas, al habitar en comunidades reguladas por ésta, pues su eventual aplicación, al autorizar nuevos centros de producción porcícola o regular la operación o desmantelamiento de los ya existentes, incidirá a las comunidades en las que habitan.
