La Cámara de Diputados aprobó este martes la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, una legislación que endurece las penas y establece que este delito será perseguido en las 32 entidades del país. El Pleno avaló las modificaciones a la minuta del Senado con 409 votos a favor, 33 en contra y 1 abstención.
La norma ordena que la extorsión sea investigada de oficio y fija penas de 15 a 25 años de prisión, con un máximo de 42 años cuando quien cometa el delito sea un funcionario público. También establece 34 agravantes, entre ellas el cobro de piso ejercido por organizaciones criminales contra comerciantes, transportistas y prestadores de servicios.
De montachoques a llamadas desde penales
El dictamen aprobado contempla sanciones contra diversas modalidades de extorsión que en los últimos años se han vuelto más frecuentes en distintas regiones del país. Entre ellas se incluyen:
Los “montachoques”, que ahora serán perseguidos y sancionados
Las llamadas de extorsión, incluidas aquellas realizadas desde Centros de Readaptación Social
Con ello, la legislación crea un marco nacional para combatir modalidades vinculadas tanto al crimen organizado como a extorsiones de carácter oportunista, que afectan a sectores como el comercio, el transporte y los servicios.
Reformas asociadas contra la extorsión
Durante la sesión, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, dio lectura a las reformas que acompañan este decreto, las cuales modifican:
El Código Penal Federal
El Código Nacional de Procedimientos Penales
La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada
La Ley Nacional de Extinción de Dominio
La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación
Tras la votación, el dictamen fue enviado al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.
El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, reconoció la importancia de la aprobación, pero advirtió que el endurecimiento de penas no resolverá de fondo la situación de violencia y extorsión en el país.
“Estoy seguro que el agravar las penas por sí solo no resolverá la situación del país”, señaló. Agregó que la presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en atender las condiciones económicas y sociales, así como ofrecer alternativas a las juventudes para disminuir la comisión de delitos.
