El debate sobre la castración química como castigo para violadores volvió a presentarse, luego de que Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, retomara su propuesta, la cual ha sido valorada en más de una ocasión en diferentes entidades y propuesta por otros mandatarios. Si quieres saber en qué otros estados se ha analizado imponer esta pena y por qué no ha pasado, quédate a leer esta nota.
¿En qué estados se ha propuesto la castración química?
Ayer, 5 de noviembre, el mandatario potosino pidió nuevamente al Congreso local aprobar la medida contra violadores reincidentes, al afirmar que “si eres reincidente en violación, ya no eres apto para la sociedad, hay que castrarlos”.
Gallardo explicó que, aunque la iniciativa presentada en 2023 no prosperó, envió una addenda para que el tratamiento químico se aplique, al menos, en casos de reincidencia. Además, expresó su solidaridad con la presidenta Claudia Sheinbaum tras haber sido acosada, y anunció que su gobierno revisará las penas por acoso y abuso sexual para endurecer las sanciones.
Nuevo León
El 9 de abril, la bancada de Movimiento Ciudadano en Nuevo León, encabezada por Miguel Ángel Flores Serna y Paola Linares, propuso reformar el Código Penal estatal para aplicar castración química a agresores sexuales de menores, además de la prisión correspondiente.
La iniciativa busca un tratamiento farmacológico, psicológico y psiquiátrico para reincidentes, tomando como modelo países como Estados Unidos, España y Reino Unido. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, más de 64 mil delitos sexuales se registraron en México sólo durante 2024, cifra que los legisladores calificaron de “inaceptable”.
Puebla
Antes de asumir la gubernatura, Alejandro Armenta Mier, de Morena, planteó el 11 de noviembre de 2024 que en Puebla se aplicara la castración química a todos los delincuentes sexuales. Recordó que ya había defendido la propuesta a nivel nacional desde el Senado, aunque entonces fue polémica.
Armenta explicó que la medida no implica un acto físico de mutilación, sino una inyección que inhibe el deseo sexual, lo que, a su juicio, puede prevenir reincidencias.
“La castración sexual no es sacar el machete… es un químico que disminuye el libido y el estímulo sexual”. Alejandro Armenta.
Además, adelantó que su administración impulsaría la tipificación del hostigamiento sexual en el Código Penal poblano. Cabe destacar que en julio de este año volvió a defender su postura.
Estado de México
En el Congreso del Estado de México, María Luisa Mendoza Mondragón, diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentó una iniciativa el 23 de noviembre de 2021 para castigar con 15 a 30 años de prisión y tratamiento de inhibición sexual (conocido como castración química) a quienes cometan violación.
La propuesta contemplaba penas más severas cuando las agresiones fueran cometidas por familiares, funcionarios o si la víctima fuera menor de edad, persona con discapacidad o mayor de 60 años. Mendoza argumentó que el Estado de México encabeza las cifras nacionales de delitos sexuales y que las sanciones actuales no han reducido el problema.
Cabe destacar que a nivel nacional, en 2019 se presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de decreto para adicionar artículos al Código Penal Federal, con el objetivo de aplicar la castración química a violadores seriales. Aunque la propuesta no prosperó, marcó el inicio de un debate que varios gobiernos estatales retomaron en los años siguientes, reflejando un creciente reclamo social por castigos más severos contra agresores sexuales.
¿Por qué ninguna de estas propuestas ha pasado?
La castración química se ha convertido en un recurso discursivo recurrente entre figuras políticas mexicanas, especialmente en momentos de indignación social por casos de abuso o violación. Aunque las propuestas buscan prevenir la reincidencia y reforzar la seguridad de las víctimas, expertos en derecho penal y derechos humanos han advertido que su implementación enfrenta obstáculos constitucionales y éticos.
En México, las penas corporales o tratamientos forzados pueden contravenir tratados internacionales firmados por el país, lo que haría necesaria una reforma profunda al marco jurídico.
