El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, permanecerá en prisión tras la decisión de la jueza Ángela Zamorano, quien le negó la libertad anticipada solicitada.
En la audiencia celebrada este 21 de noviembre de 2025, en el Reclusorio Norte, la jueza concluyó que Duarte no cumple con los requisitos necesarios para ser liberado, a pesar de la solicitud de su defensa, que argumentaba que ya había cumplido una parte significativa de su condena, además de presentar buena conducta.
Duarte fue condenado por los delitos de corrupción y delincuencia organizada, y sigue enfrentando varios cargos por el desvío de recursos públicos durante su mandato.
Condena de Duarte
Duarte fue condenado en 2018 a nueve años de prisión por los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Su sentencia comenzó a correr desde su detención en abril de 2017, lo que significa que ya superó una parte sustancial de la condena impuesta.
La representación legal del exmandatario afirmó que Duarte ha cumplido más del 95% de la pena y que mantiene buena conducta dentro del centro penitenciario. También enfatizó que:
El delito de delincuencia organizada fue reclasificado, reduciendo la gravedad del caso
Fue sobreseído el delito de desaparición forzada en noviembre de 2024
Las causas penales restantes del fuero federal y local fueron cerradas
Según la defensa, estos elementos abren la posibilidad jurídica para que Duarte se reintegre a la sociedad bajo supervisión.
El caso de las empresas fantasma en Veracruz
Cabe destacar que, desde 2016, Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad publicaron un extenso reportaje en el que denunciaron que funcionarios del Gobierno de Veracruz, cercanos al entonces gobernador Javier Duarte, entregaron 645 millones de pesos a una red de empresas fantasma que supuestamente venderían productos destinados a población vulnerable.
Los contratos fueron asignados entre 2012 y 2013 por dependencias estatales como la Sedesol, el DIF, Educación y Protección Civil, pero no hay constancia de que los apoyos —como cobijas, alimentos, materiales o útiles escolares— hayan llegado a su destino.
